ABP en desacuerdo con artículo 4 de ley 621

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) mostró su preocupación y desacuerdo, tras conocer que en último momento se adicionó el Artículo 4 al proyecto 621 que aseguraría un incremento complementario a las pensiones de retiro por invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, en vista que la norma desconoce fundamentales principios del sistema fiscal territorial.

Según explicó el presidente de la ABP, Carlos Troetsch, esta organización está consciente de la importancia que el contenido de esta legislación conllevaría para el bienestar de los jubilados, pensionados y sus familias, quienes son respetados, apreciados y recibido solidaridad por parte del sistema bancario panameño, sin embargo, tal como fue aprobado este proyecto 621, incrementará, de forma importante, costos de transacción; y requerirá ajustes al Código Fiscal, los que no pueden ser atendidos vía reglamentación.

“Entre otras cosas -explica Troetsch-  este artículo haría que una remesa que hoy día es gravable con el 12.5%, sea gravable, además, con el 7%, como es concebida cualquier repatriación de dinero, es decir, en el concepto que sea causaría el impuesto; y  como corolario de lo anterior, remesas y transferencias  al extranjero o cualquier dividendo, por ejemplo, serían gravados una segunda vez con el 7%, creando un claro caso de doble tributación, en todas las situaciones, sin mencionar el alto coste y fuga de dinero que esto conllevaría”.

Para esta Asociación, “se estaría fomentando un mercado negro de remesas, haciendo que se pierda toda trazabilidad y controles de AML”.  También enfatizó en que la norma riñe con TdTs firmados por Panamá; a la vez, advirtió que “esto podría acabar con el sistema de capitales abiertos que ha sido el eje de nuestra economía.  Tendría consecuencias graves para el crecimiento del sector bancario y del país en general”.

La Asociación Bancaria de Panamá explicó que tal y como quedó redactado dicho artículo, en cuanto al tipo de remesas involucrado, no puede ser arreglado con la reglamentación, por tanto, corresponderá al Presidente de la República vetarlo, para que sea corregido en la Asamblea Nacional y de esa manera se evite una situación difícil con los jubilados, pensionados y sus familiares, así como un daño irreparable al sistema bancario y financiero de Panamá.

La norma en mención fue aprobada en tercer debate por parte de la Asamblea Nacional, durante la sesión de anoche 17 de octubre.